Ignacio Arroyo, presidente de la Asociación Española de Derecho Marítimo (AEDM), presentó ayer esta iniciativa, en la que participan, entre otras entidades, la Fundación Valenciaport, ANAVE y ANESCO.

Oficialmente la puesta en marcha de este tribunal tendrá lugar en el mes de noviembre, coincidiendo con la celebración entre los días 4 y 6 del Congreso Internacional de Derecho Marítimo que se celebrará en Valencia.

Este Tribunal parte de la idea de que el conflicto, en este caso entre empresas del sector marítimo, existirá siempre y que, por tanto, más que crear herramientas que lo eviten, hay que apostar por mecanismos que contribuyan a superarlo. En este sentido, Arroyo distinguió dos sistemas. Por un lado la mediación o conciliación, que permite llegar a una solución, y, en el caso de que esta vía no funcione, acudir a un tercero. En este punto las alternativas son también dos: los jueces o confiar a un poder privado y autónomo la solución del conflicto, es decir, el arbitraje.

Según el presidente de AEDM, el arbitraje ofrece cuatro ventajas claras sobre la alternativa judicial: la rapidez, la economía, la confidencialidad y la especialización.

La rapidez queda justificada por el hecho de que el plazo máximo especificado en el caso del arbitraje para la solución de un conflicto está fijado en seis meses, un período muy corto si se compara con lo puede durar una causa judicial, que en general contempla tres instancias. “La media de plazo para la solución de conflictos por la vía judicial es de unos diez años”, señaló Arroyo, quien aseguró que en el caso del ámbito marítimo, “sólo prosperan el 20% de los recursos de casación”. “El negocio marítimo - añadió - no puede confiar sus pretensiones legítimas e intereses a un sistema judicial que es lento por definición”. Frente a esta realidad, el arbitraje ofrece garantía de rapidez bajo la responsabilidad del árbitro.

La economía, segunda ventaja del sistema, está estrechamente ligada a la anterior. Si se acorta el plazo de solución del conflicto se rebaja también el coste.

En tercer lugar, y según señaló Arroyo, la confidencialidad viene dada por el hecho de que no se trata de un proceso público y, por tanto, no interviene el estado, de manera que las empresas pueden mantener su intimidad.

Finalmente, los árbitros son especialistas en la materia, son personas con sensibilidad hacia el sector, frente a los jueces que “no se distinguen por sus conocimientos en materia marítima”.

Con todas estas ventajas, no existen demasiados tribunales de arbitraje e Ignacio Arroyo considera que se debe a tres causas fundamentalmente. No hay cultura arbitral, porque en gran parte los propios árbitros no entienden su función juzgadora y la confunden con una función de componedor, amigable; y, en segundo lugar, existen una serie de intereses corporativos por parte de los abogados, que ven amenazada su función.

Finalmente, “nos guste o no, es un mercado altamente competitivo”, tal como señaló Arroyo: “Hay centros arbitrales que funcionan muy bien en Ginebra, Londres, París y Nueva York, pero Valencia tiene la tradición, la cultura y las empresas necesarias para que la iniciativa prospere y convertirse en un referente a nivel internacional en el ámbito de arbitraje”.

Arroyo estuvo acompañado por José Luis Del Moral, miembro de AEDM y de Del Moral & Salinas, y Carlos Salinas, también del mismo bufete y director del Máster de Derecho Marítimo, así como por el presidente de ANESCO, Ángel Pérez Maura, que pronunció la conferencia de clausura del Master. Del Moral quiso añadir también a la presentación de Arroyo una quinta ventaja del arbitraje: la cercancía del cliente a la resolución de su problemática y la posibilidad de conocer el desarrollo del arbitraje al utilizar el mismo idioma.

Pérez Maura: “Las empresas aceptaremos el modelo que se decida, pero pedimos que ese modelo sea estable”
El presidente de ANESCO, Ángel Pérez Maura, fue el encargado de pronunciar la conferencia de clausura de la tercera edición del Master de Derecho Marítimo. La nueva ley de Puertos centró su intervención, contagiada en gran parte de desconocimiento hacia los objetivos de un texto legal, que confesó no entender. “Asumí la presidencia de ANESCO en un momento de cambio, cuando se preparaba una reforma legal que parecía interesante”, recordó el también consejero delegado del Grupo Pérez y Cía.. Sin embargo, aún a fecha de hoy se desconocen los objetivos de esta reforma y no se avanza en la aplicación de la nueva ley, que en muchos de sus apartados aseguró que se ha declarado “inconstitucional”.

“Las empresas- añadió - sólo pedimos medidas que impidan la inflación, el incremento de costes para el concesionario, que las bonificaciones beneficien a quien hace el esfuerzo de mejora, pero tenemos poco éxito en nuestras propuestas”. De hecho, en las últimas negociaciones se plantearon por parte de ANESCO un total de 46 enmiendas al Título I de las que aseguró que sólo han prosperado 2 .

En lo que se refiere al Título III del proyecto, Pérez Maura aseguró que se les tiene “más en cuenta”: “Queremos ofrecer el servicio pero también ganar dinero. Reiteramos a este gobierno, como al anterior, que nos adaptaremos al modelo que corresponda, pero necesitamos estabilidad”.

Se lamentó también el presidente de ANESCO de que han soportado acusaciones de falta de legitimidad para negociar y también del poco interés que despiertan los puertos para el gobierno: “En la presentación del PEIT la ministra sólo dedicó a los puertos cuarenta y dos segundos”. Recordó, sin embargo, que el “98,7% de las nóminas del sistema portuario español salen de las empresas afiliadas a ANESCO”.

Pérez Maura terminó recordando que en agosto entrarán en vigor las APIE y que en los próximos meses si la ley tiene oportunidad de prosperar, lo hará. “Somos una parte menor del PIB - concluyó - pero también un importante cuello de botella para el comercio exterior español. Nuestro objetivo, desde ANESCO y las empresas que representa es estar volcados en ofrecer cada vez un mejor servicio a la economía española”.