Como ha venido informando FENADISMER, en respuesta a los gravísimos daños sufridos como consecuencia de las inundaciones ocasionadas por la DANA del pasado día 29 de octubre, el Gobierno español ha venido aprobando a través de tres paquetes de de ayudas para paliar dichos efectos tanto los ciudadanos como a las empresas y autónomos afectados con residencia en algunos de los 78 municipios afectados por la catástrofe, lo que en la práctica ha dejado incomprensiblemente fuera a los miles de transportistas afectados, al no estar domiciliados en dichos municipios, pese a haber sufrido importantes daños y pérdidas en los camiones y mercancías transportadas al desarrollar su actividad en las zonas afectadas.

Pues en idéntica e injustificada dirección parece apuntar el Gobierno valenciano, cuyo Presidente autonómico ha anunciado que el próximo martes 14 el Pleno del Consell aprobará una línea a fondo perdido dotada con 250 millones de euros destinada “a las personas afectadas por la pérdida de su vehículo durante las riadas”, pero que en la práctica excluye a los transportistas, ya que las cuantías a conceder serán de 2.000 euros para turismos y furgonetas, 2.500 euros en el caso de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, 750 euros para motocicletas y 250 euros para ciclomotores.

Ante tal nueva exclusión, FENADISMER denuncia la insensibilidad de ambos Gobiernos con un colectivo tan esencial para la economía española y exige una vez más un Plan de medidas específico de apoyo para compensar los perjuicios ocasionados a los autónomos y empresas de transporte afectados.

En todo caso, FENADISMER recuerda a todos los transportistas que tiene en marcha la Plataforma de Transportistas Afectados por la DANA, la cual está abierta a la incorporación de todos los transportistas afectados, estén o no asociados, siendo su incorporación totalmente gratuita. El objetivo de la Plataforma es facilitarles las reclamaciones administrativas y judiciales que sean necesarias, con el apoyo de juristas expertos en este tipo de reclamaciones, para lograr el resarcimiento de todos los daños y perjuicios reales que se hayan ocasionados a sus vehículos de transporte así como el lucro cesante originado en su actividad como consecuencia de la paralización de los vehículos tras las riadas.