La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP) anuncia que el próximo 13 de noviembre de 2024 tendrá lugar el segundo día de suspensión del reparto domiciliario de bombonas de butano.

Esta medida, adoptada en defensa de condiciones justas para los distribuidores, se produce en un contexto de continuas negativas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a convocar una reunión formal con las agencias, obstaculizando así cualquier avance en las negociaciones.

Pese a la urgencia de la situación, el Ministerio continúa evitando una convocatoria directa con las agencias distribuidoras, que sostienen el servicio esencial de reparto. La falta de diálogo con el órgano competente no solo demora las soluciones, sino que agrava la presión sobre un sector que lucha por sobrevivir ante el incremento de los costes operativos y la congelación de
su retribución desde hace años.

Las agencias distribuidoras exigen la actualización inmediata de la Orden IET/389/2015 -que lleva años sin adaptarse a las necesidades del mercado- así como un aumento de la comisión por bombona, que permita cubrir los costos reales del servicio y compensar el déficit de 1,80 euros por cada envase entregado. Con la retribución actual insuficiente, las agencias ven
comprometida su capacidad para mantener un reparto de calidad y sostenible sin operar a pérdidas.

Es evidente que la postura del Ministerio, al eludir un diálogo formal con las agencias, pretende trasladar toda la responsabilidad del conflicto a las operadoras. Sin embargo, recordamos que estas operadoras dependen directamente de la red de agencias, formada por más de 170 pymes y más de 3.500 trabajadores, para ejecutar el reparto y comercialización final al
consumidor. Sin una solución, es el usuario final, especialmente en áreas vulnerables y rurales, quien soportará las consecuencias.

Desde FEDGLP hacemos un llamado urgente al Ministerio para que abandone esta postura de evasión y convoque de inmediato una mesa de diálogo en la que participen todos los actores afectados. En caso contrario, se verán forzadas nuevas suspensiones en las próximas semanas, un escenario que, lejos de beneficiar al usuario, vulnera el acceso a un suministro energético vital para millones de hogares en España.