El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha avanzado un paso más en la tramitación administrativa, al otorgar a Terminal Investment Limited (TiL), la concesión administrativa para la construcción y explotación de una terminal marítima de contenedores abierta al tráfico general, en la Ampliación Norte del Puerto de Valencia por un plazo de 50 años.

Cabe recordar que la oferta de TiL fue la seleccionada por el Consejo de Administración en septiembre de 2019 a propuesta de la Mesa de Calificación.

La inversión privada prevista en la oferta presentada asciende a 1.098.237.000 € y engloba todas las inversiones necesarias para la puesta en funcionamiento, la explotación y el mantenimiento de la nueva Terminal que no vayan a ser ejecutadas por la APV.

La nueva terminal implica la mayor inversión público - privada realizada hasta la fecha en el sistema portuario español y supone un referente respecto al modelo de colaboración publico privada. La APV - responsable de la construcción del muelle- tiene comprometida una inversión de hasta 656 millones de euros (Valor Total Estimado del Contrato) y TiL (empresa seleccionada para otorgamiento de la concesión) en su oferta contempla una inversión de 1.100 Millones.

En materia medioambiental la nueva terminal de contenedores será autosuficiente energéticamente, alineada con el objetivo puerto cero emisiones en 2030 de Valenciaport. Un espacio sin humos que minimizará la emisión de CO2 mediante el suministro eléctrico a grúas, máquinas de patio y a buques portacontenedores que, durante su estancia en Valencia, conectarán sus motores a la red eléctrica (con fuente de origen 100% renovables).

Desde el punto de vista ferroviario, la nueva superficie portuaria supone generar una nueva terminal ferroviaria de seis vías de 1.000 m de longitud como instalación de carga/descarga de mercancía ferroviaria, lo que convertirá a Valencia en un hub multimodal de primer orden.

Este proyecto supone la implementación de una infraestructura del máximo nivel para asegurar la competitividad del Sistema Portuario de titularidad estatal y, por ende, del tejido productivo y del comercio exterior de España. Esta terminal es una inversión estratégica a nivel nacional con una indudable repercusión económica en términos de generación de empleo y riqueza.