El Gobierno había aprobado el Proyecto de Ley, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el 23 de enero de 2024 remitiéndolo a las Cortes Generales para su tramitación por el procedimiento de urgencia. Se trataba del mismo texto legal que se había aprobado en la sesión de 14 de marzo de 2023, y cuya tramitación parlamentaria decayó al disolverse las Cortes Generales.

Una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, se iniciará la tramitación del Estatuto orgánico de la Autoridad, como presupuesto para su constitución efectiva y su puesta en funcionamiento en esta Legislatura.

La Ley tiene por objeto la creación de una Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de los accidentes e incidentes que se producen en los ámbitos ferroviario, marítimo y de aviación civil, con la finalidad esclarecer sus causas y evitar su recurrencia.

La Autoridad ejercerá las funciones que actualmente desarrollan las tres Comisiones existentes para la investigación de accidentes e incidentes, que están adscritas orgánicamente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en régimen de independencia funcional: la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Comisión Permanente de Investigación de accidentes e incidentes marítimos (CIAIM) y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación civil (CIAIAC).

Las investigaciones en curso continuarán su tramitación, sin que haya una paralización de estas. En este sentido, se fija un periodo transitorio entre la aprobación de la Ley y la constitución efectiva de la Autoridad Independiente en el que las Comisiones actuales continuarán desarrollando sus funciones de acuerdo con lo dispuesto en la misma.

El objetivo es reforzar la independencia del organismo de investigación, ya que, a la independencia funcional actual, se sumarán la orgánica, al poseer personalidad jurídica diferenciada, y la financiera, ya que obtendrá sus ingresos a través de la participación en la recaudación de determinadas tasas: la tasa de seguridad aérea; la tasa de prestación de servicios y realización de actividades en materia de seguridad ferroviaria y la tasa de ayudas a la navegación.

Independencia
De acuerdo con el derecho comunitario y con las normas internacionales, los organismos de investigación de accidentes deben ser independientes funcionalmente de cualquier agente que pueda ser objeto de investigación. En este sentido, cabe destacar que la figura de la Autoridad Administrativa Independiente es la de mayor grado de independencia del poder ejecutivo que existe en nuestro derecho administrativo y es la que tienen, por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la Agencia Española de Protección de Datos.

El Consejo será el máximo órgano de gobierno de la Autoridad, al que corresponderá la aprobación de los informes finales de investigación, y estará formado por un presidente y seis consejeros. La persona que ostente la presidencia tendrá rango de subsecretario y los consejeros y consejeras tendrán la condición de alto cargo. Los miembros del Consejo serán nombrados por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, entre profesionales de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional en el ámbito de actuación de la Autoridad. Así, dos de los consejeros deben ser expertos en el sectormarítimo, dos en el aéreo y otros dos en el ferroviario.

El nombramiento del presidente deberá contar con la conformidad de la Comisión competente del Congreso de los Diputados. En el caso de los consejeros o consejeras, dicha Comisión parlamentaria tendrá capacidad de veto.

Antes de realizar la propuesta, el Ministerio abrirá un período de consulta pública para que las entidades o instituciones con competencia en la materia presenten candidatos o candidatas.

Las propuestas no tendrán carácter vinculante, pero serán tomadas en consideración para efectuar la selección.

El mandato de los miembros del Consejo será de seis años, sin posibilidad de reelección, renovándose parcialmente cada tres años. Para realizar esta renovación parcial tras el nombramiento del primer Consejo, se ha establecido que en la sesión constitutiva de la Autoridad se llevará a cabo un sorteo que determinará los tres consejeros o consejeras cuyo mandato tendrá una duración de tres años en lugar de los seis previstos.

Los miembros del Consejo realizarán sus funciones con dedicación exclusiva, y estarán sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, que incluye que durante los dos años siguientes a su cese no podrán realizar actividad privada alguna relacionada con el ámbito de actuación de la Autoridad. Finalmente, se establecen unas causas tasadas de cese, para evitar que puedan ser cesados discrecionalmente.

Se ha previsto una estructura administrativa conformada por tres Direcciones Técnicas, una por cada modo de transporte para dirigir los equipos de investigación y elevar las propuestas de informe al Consejo, y una Secretaría General para la gestión de los servicios comunes y los asuntos jurídicos de la Autoridad, sin perjuicio de las competencias de la Abogacía del Estado sobre la materia.

Se establece que las personas titulares de estos órganos directivos tendrán rango de Subdirección General y su nombramiento se realizará entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones si así lo prevé el Estatuto orgánico de la Autoridad, con titulación de grado o equivalente relacionada con el ámbito material propio de la Dirección de investigación técnica de que se trate o de Derecho en el caso de la Secretaría General,
pertenecientes al Subgrupo A1.

Formarán parte de las Direcciones Técnicas las personas que tengan la condición de investigadores técnicos, que también serán funcionarios de carrera, y que gozarán de las facultades legales necesarias para poder realizar las funciones de investigación técnica, tal y como establece el Derecho comunitario aplicable.

También se ha creado una Unidad de Asistencia Familiar, dependiente directamente de la Presidencia para atender las necesidades de las víctimas y de sus familiares a raíz del accidente.