El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha firmado hoy en Malta el convenio sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques cuyo objetivo es establecer entre los Estados participantes la transmisión de la propiedad libre de cargas para el comprador y el efecto transfronterizo automático de la venta judicial del buque. Con la firma de hoy, España se suma a los países que ya firmaron en el primer acto de firma que tuvo lugar en Pekín en 2023.

En el acto de firma han participado la Presidenta de la República de Malta, Myriam Spiteri Debono y la presidenta del Comité Marítimo Internacional, Ann Fenech, así como representantes de Naciones Unidas. Los países firmantes en el día de hoy han sido España, Italia, Croacia, Malta, Costa de Marfil y Antigua y Barbuda.

Este convenio rubricado por el secretario de Estado concede un Certificado de Venta Judicial al comprador del buque que supone un salvoconducto que permita reconocer los efectos transfronterizos de la venta judicial. El propósito del Certificado es dar soporte documental al nuevo propietario ante la autoridad de otro Estado y que los buques puedan navegar y atracar en puertos de Estados contratantes del Convenio libres de ser embargados. La presentación del Certificado de Venta Judicial será suficiente para su liberación.

Con la ratificación por parte de España del convenio, nuestro país se sitúa entre los estados cuyas ventas judiciales de buques serán reconocidas en otros Estados parte. Esto da seguridad a todos los actores de la operación, acreedores, compradores, armador… En concreto a los compradores que les da seguridad para poder participar en subastas judiciales sobre los buques lo que a su vez incrementará con cierta seguridad el precio de la venta y, por tanto, también un mayor número de acreedores verán satisfechos sus créditos con el producto de la venta.

Venta judicial de buques
La venta judicial de un buque es la etapa final de cualquier procedimiento judicial en el que se reclaman deudas marítimas al armador o al propietario. Terminado este proceso, es el buque el que debe saldar las deudas pendientes. De esta manera, al producirse la venta las diferentes jurisdicciones deberían reconocer la cancelación de todos los gravámenes que pudieran recaer sobre el buque.

El problema surge cuando los tribunales de otro país no reconocen la venta judicial del buque llevada a cabo en otro Estado y proceden a su embargo por deudas anteriores a la fecha de adquisición por el comprador. Esto es debido a que las leyes nacionales de los diferentes países varían en la forma en que regulan la venta judicial.

Por tanto, la rúbrica de este convenio que hoy ha tenido lugar en Malta trata de paliar esta situación de inseguridad jurídica en el ámbito internacional y proporcionará un título de propiedad limpio de toda carga económica o deuda anterior a la compra del buque.