La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha constatado que los plazos de pago a proveedores en España siguen siendo, un año más, superiores a los permitidos por la ley, según se desprende de la nueva edición que acaba de presentar de su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2023”.

Para Antoni Cañete, presidente de la PMcM, la llegada del nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad marcará “el fin de los plazos abusivos que minan la competitividad y viabilidad de las empresas, especialmente las pymes y autónomos, afectando su productividad y capacidad de empleo”. En su perspectiva, establecer un marco sólido en cuanto a los plazos de pago “mejorará sin lugar a dudas la liquidez económica y, por ende, la viabilidad de las empresas”. El próximo martes 23 de abril, en su último plenario, el Parlamento Europeo tiene previsto aprobar esta normativa, que es de obligado cumplimiento y prevé sancionar a las empresas morosas si exceden del plazo de pago general fijado en 30 días (o en 60 para casos de necesidad de periodo de certificación).

Después del Parlamento Europeo, la normativa tendrá que pasar por el Consejo de la Unión Europea. Hasta su aprobación definitiva, la PMcM continuará vigilante para evitar que las presiones de los lobbies empresariales consigan frenar la tramitación del reglamento, del que se beneficiarán en toda Europa millones de empresas, especialmente autónomos y pymes, que son “los que más sufren la lacra de la morosidad”. Paralelamente, la entidad seguirá trabajando para asegurar su participación en el Consejo Estatal de la PYME y en el Observatorio de la Morosidad, instando a la implementación de este último organismo, “ante la necesidad imperiosa de abordar el problema de la morosidad en nuestro país, ya que nuestros plazos de pago están entre los más largos de la Unión Europea”, afirma Cañete.

Tras la presentación del informe, la PMcM ha celebrado un encuentro con los europarlamentarios Laura Ballarín Cereza (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo), y Pablo Arias Echeverría (Grupo del Partido Popular Europeo), en un “momento especialmente sensible, dada la importante negociación que se está produciendo en la UE con respecto al nuevo reglamento de los plazos de pago, como es la adopción urgente de una norma revisada sobre morosidad que proporcione a las pymes un marco jurídico sólido y previsible para hacer frente a los retrasos en los pagos, tanto en las relaciones entre empresas como entre empresas y administraciones públicas”, explica el presidente de la PMcM.

La morosidad en España, en cifras
Atendiendo al “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2023”, elaborado por la PMcM a partir de más de 500 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, durante 2023 el plazo medio de pago del sector privado aumentó 3 días (hasta los 70 días de media), mientras que el del sector público se redujo en 12 días (hasta situarse en una media de 55 días). En ambos casos son registros que sobrepasan los plazos medios de pago establecidos por la Ley 15/2010: un total de 60 días para las empresas y de 30 días para las AA.PP.

Concretamente en el sector privado, para el 59% de los encuestados el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de €). Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 81% declara que estas superan el plazo legal: el 45% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días) y el 36% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días). Solo el 19% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.

En el ámbito público, más de la mitad de los encuestados (53%) asegura que la Administración Local es la que más tarda en pagar. La segunda peor pagadora es la Administración Regional, abarcando un 32% de los encuestados, y la tercera, la Administración Central (con un 15% de respuestas). Concretamente, los plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal para el 81% de los proveedores de la Administración Regional, y para el 78% de los proveedores tanto de la Local como de la Central.

Si bien es cierto que tanto la PMcM como el Ministerio de Hacienda han constatado una reducción de los plazos de pago de las AA.PP., (según el Ministerio, a diciembre de 2023 el plazo medio de pago de las CCAA era de 30,50 días, el de la Administración Central de 18,09 días, y el del último trimestre del año de las Entidades Locales, de 27,63 días), la PMcM manifiesta que los resultados de su muestra “distan mucho” de los permitidos por la ley. Al contrario que en 2023, la PMcM cree que durante el presente año la situación “pueda empeorar porque se reducen las aportaciones a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, al estar destinándose parte del dinero a las telefónicas”.

El análisis de la PMcM también ha constatado que los subcontratistas cobran de los contratistas principales a 99 días de media. Al margen de la encuesta, la PMcM denuncia que ha tenido constancia de que varios de sus asociados han recibido contratos en los que el medio de pago es un confirming a 240 días en obras en las que operan como subcontratistas. “Claramente algunas grandes compañías quieren financiarse a costa de sus proveedores y eso es intolerable”, califica Cañete.

La PMcM ha venido denunciando que la cadena de pagos en el sector público está “mal controlada” y esto permite que el dinero no fluya hasta el último eslabón, los subcontratistas (en su mayoría pymes y autónomos). El hecho de que no se están controlando los pagos de los principales contratistas a subcontratistas ha sido constatado por Oirescon (Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación), en su quinto “Informe Anual de Supervisión (IAS)”. En él indica que el dato de la subcontratación “no está cumplimentado por el órgano de contratación en la mayoría de los casos, impidiendo dar una imagen real de la subcontratación en la contratación pública”, e insiste en que “la falta de información impide la supervisión de obligaciones impuestas a las Administraciones Públicas, tales como si se verifica el pago del adjudicatario a los subcontratistas y proveedores”. Así, el porcentaje de licitaciones de las que no se tiene datos, en relación a su subcontratación, aumentó en 2022 al 96,59%, esto es, 13.327 licitaciones.

Esta falta de rigurosidad se observa igualmente en otros campos. De acuerdo con el informe de la PMcM, "el 83% de los participantes en la encuesta de la PMcM que habían solicitado alguna subvención pública por importe superior a 30.000 €, no ha tenido que aportar alguna certificación específica sobre sus plazos medios de pago.

Condiciones abusivas persistentes
La nueva edición del estudio de los plazos de pago de la PMcM constata una vez más la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 62% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la Ley 3/2004, “sin que se apliquen consecuencias a esta práctica ilegal”, reclama Cañete.

A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos o retrasos, el 85% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 93% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago. Para el presidente de la PMcM, “esto evidencia la falta de eficacia de una ley que no penalice su infracción". En este sentido, para el 93% de los encuestados en el análisis de la PMcM un régimen sancionador resulta “necesario”.

Considerando los resultados obtenidos del análisis llevado a cabo por la PMcM, la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en 2023 en el 5,1%, ligeramente superior al 5% de 2022. Asimismo, un 74% de los participantes señala que su expectativa de plazo de cobro durante 2024 no va a variar. Cuando los encuestados son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 73% declara que sería pedir financiación, y un 17% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago.