Los órganos de gobierno de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), comité ejecutivo y junta directiva, alertan de la falta de seguridad jurídica ante la negativa de la Dirección General de Tributos (DGT) a responder de forma vinculante a las consultas que formulan los contribuyentes en materia de reestructuración empresarial.

Como se ha señalado desde la Comisión de Economía y Fiscalidad de la CEV, presidida por Laura Vicente, en el ordenamiento jurídico español existe un régimen especial de neutralidad fiscal para que las operaciones de fusión, escisión y canje de valores realizadas por motivos estrictamente económicos, como son los organizativos, puedan diferir su tributación, tal y como recoge la normativa comunitaria.

España traspuso estas directivas comunitarias al ordenamiento jurídico en 2015, pero desde entonces ha existido una elevada litigiosidad con la administración tributaria encargada de supervisar las reestructuraciones. Esto es así porque, aunque existe un sistema previsto en la Ley General Tributaria que permite a los contribuyentes consultar previamente a la DGT si la reordenación o reorganización empresarial es válida, éste organismo, como advierte la CEV, en la práctica carece de vinculación para la administración tributaria, y en este sentido se deja la validez de la operación a una valoración subjetiva de la Inspección.

El Tribunal Supremo en noviembre del 2022 ya dictó sentencias y, por tanto, hay jurisprudencia, obligando a la DGT, no sólo a que responda a las consultas, tal y como le obliga la Ley General Tributaria, sino que además indique cuáles son las interpretaciones que puede y debe hacer de las directivas comunitarias tanto el contribuyente como la administración. Hace un mes la DGT manifestaba en una consulta que no existe ventaja fiscal por el mero diferimiento de rentas, eliminando así las trabas que se imponían a estos procesos.

Sin embargo, y este es el motivo de la alerta por parte de los órganos de gobierno de la Confederación, esta semana la DGT ha vuelto a la casilla de salida al señalar públicamente que no concretará si los motivos económicos planteados en las consultas vinculantes son válidos. Se restringe así un derecho reconocido en la Ley General Tributaria y que en el territorio nacional tiene otros sistemas de plena seguridad jurídica, como es el caso del País Vasco, donde es obligado responder y hacerlo con carácter previo a la reordenación.

La presidenta de la Comisión, Laura Vicente, ha lamentado que sea así, “en tanto que deja en un plano de desigualdad, además de inseguridad jurídica plena, al empresario de esta Comunidad que quiera abordar una reorganización”. La omisión de la DGT, ha añadido, “lastra la competitividad de las empresas porque la reordenación y la reorganización de las empresas obedecen a decisiones estratégicas para ganar eficiencia en los procesos; nuestras pymes necesitan poder acometer este tipo de reordenaciones para ganar eficiencia, necesitamos crecer”.

El tejido empresarial necesita ganar competitividad en los mercados y para hacerlo es preciso ganar tamaño y eficiencia en sus procesos. Las decisiones económicas no pueden depender de una decisión arbitraria externa. En ese sentido, desde la CEV se insta a no dar pasos atrás, a que la DGT responda de forma clara e inequívoca a las consultas y a que respete su carácter vinculante.