El Gobierno ha aprobado limitar al 4% el alza de los peajes en once autopistas de pago en 2023 para mitigar el aumento de las tarifas del 8,4% por la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) y el efecto de las revisiones extraordinarias en tres de ellas. El objetivo es ayudar a la ciudadanía a afrontar el escenario actual de altos precios de la energía, derivado de la persistencia del conflicto en Ucrania tras la invasión rusa, que afecta muy especialmente a la movilidad y a la renta disponible de los hogares.

Así, el Real Decreto-ley para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania aprobado hoy en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), articula un mecanismo para contener al 4% el aumento de las tarifas de 2023, que soportan los usuarios, en las autopistas AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9, AP-6 y AP-46.

En este punto, y en línea con el objetivo del Gobierno de frenar la espiral inflacionista y respaldar a los hogares, se ha decidido congelar los peajes de las autopistas que gestiona SEITT, que por problemas financieros revirtieron al Estado.

Limitar los peajes
Mitma subvencionará entre 2023 y 2026 parte de los ingresos que las concesionarias dejaran de percibir el año que viene por la contención del incremento de los peajes.

En concreto, se habilita una línea de 23,3 millones de euros para financiar la reducción del incremento de las tarifas en 2023, y se establece la obligación de que la Administración General del Estado dote las partidas necesarias para mitigar parcialmente la subida entre 2024 y 2026 para que esta sea escalonada.

Hay que tener en cuenta que la subida de tarifas es acumulativa, de ahí la necesidad de repercutir nuevamente al usuario la diferencia que no abona en 2023, ejercicio en el que estaba previsto que subieran en torno al 8,38% por la inflación, aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones por los ciudadanos.

En el caso de la AP-7 Alicante-Cartagena, además de la revisión ordinaria por el IPC, se debe aplicar un incremento extraordinario en las tarifas del 1% para devolver un préstamo
participativo que le hizo el Estado para pagar las expropiaciones, por lo que, sin medidas, subirían el 9,46%. Aún así, se ha aprobado que la subida del año que viene sea también del 4%, por lo que el incremento ordinario se limita al 3%, aumentado la compensación asociada, a la que se suma el 1% de la extraordinaria.

La AP-46 Alto de Las Pedrizas-Málaga y la AP-9 Autopista del Atlántico también deben aplicar una revisión extraordinaria de la tarifa para generar fondos con los que compensar las obras realizadas para mejorar las infraestructuras y que implicaron modificar las condiciones de las concesiones. Así, aunque las subidas de los pesajes en 2023 en estas vías alcanzan el 9,46%, el Gobierno también ha decidido limitar al 4% el alza y aumentar la subvención para compensar los ingresados que dejan de percibir por parte de los usuarios.