En pleno debate a nivel nacional en relación a la propuesta del Gobierno de implantar peajes en todas las autovías españolas, y que cuenta con el rechazo inicial de las asociaciones del sector del transporte, una nueva Administración territorial se apunta “a la moda” de poner peajes a los camiones en su red viaria para obligar a los transportistas a utilizar la autopistas de peaje y recaudar a su costa para el mantenimiento y mejora de su red viaria.

Así tras el fracasado intento de la Diputación de Guipúzcoa de establecer peajes en parte de su red viaria, que ha sido tumbado hasta en 4 ocasiones por los Tribunales de Justica, y la intención del Gobierno de Navarra de hacerlo lo mismo en su red viaria en el próximo año, ahora ha sido el turno de la Diputación de Vizcaya que aprobó el pasado mes de Octubre su propusta de aplicar a partir del próximo mes de Enero de un canon o peaje al paso de los camiones por varias carreteras vizcaínas, con el objetivo de redistribuir el tráfico de más de 4000 camiones diariamente a las actuales autopistas de peaje.

Esta medida se articularía a través de la instalación de en torno a una veintena de arcos de control en diferentes vías provinciales, inicialmente en la BI-625 y la N-240 y posteriormente en la A-8, la N-636 y la N-637. El peaje se gestionará mediante el sistema de comprobación de matrícula gracias a la tecnología free-flow instalada en los arcos, la cual calculará el importe en función de la categoría Euro del vehículo, cargando directamente el importe del peaje en la empresa transportista titular del camión sin necesidad de tener que detenerse.

En este sentido, el pasado mes de octubre la Diputación Foral de Vizcaya hizo públicas las cuantías del peaje aplicables a partir del 1 de enero de 2023, que han contado con el rechazo absoluto de las asociaciones de transportistas TransportBilabao, federada en Fenadismer Así como Asetravi, Asotrava e Hiru, que han solicitado a la Diputación Foral que, en un ejercicio de responsabilidad, reconsidere la implantación de peajes obligatorios a los transportistas, ya que éstos desempeñan un papel estratégico en el abastecimiento de la población y la industria.

Ante una coyuntura económica inflacionista, que repercute de manera directa en todas las cargas económicas que soporta el sector, el canon previsto afecta a la estructura de costes de las empresas y los autónomos, que se calcula en una media de entre 500 y 600 euros mensuales. Por ello las organizaciones de transportistas comparten la valoración de que, además de ser una medida fundamentalmente recaudatoria dirigida a cubrir el déficit de las cuentas públicas, es asimismo discriminatoria porque no afecta a todos los usuarios de las vías. En este sentido, supone, además, una merma en la competitividad de los transportistas locales, que ven gravemente penalizada su actividad dado que no afectará al tráfico en tránsito con origen y destino en otras comunidades.

Conviene aclarar que, en caso de implantarse el peaje como ha sido anunciado, las empresas y los profesionales autónomos se verán obligados a repercutir el canon en sus facturas, con los consiguientes efectos adversos en los costes de toda la cadena logística en el escenario inflacionista antes mencionado.

Por eso, los representantes de los transportistas vizcaínos han trasladado en reiteradas ocasiones a los responsables políticos e institucionales forales su rotunda negativa a los peajes, que contribuyen a agravar la situación de las empresas y los autónomos y se suman a otros graves problemas, como la escalada del precio del combustible. Por ello, consideran prioritario que los poderes públicos apoyen a un sector considerado “esencial”, especialmente en situaciones de crisis como la que atravesamos. Sin embargo lamentablemente, iniciativas de este tipo van en sentido contrario.