El Comité Madrileño de Transporte por Carretera considera inasumible la prohibición de acceso al Distrito Centro, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y que afectará al 60% de los vehículos de transporte que en la actualidad hacen el reparto y distribución de las mercancías en Madrid.

La situación del sector de las mudanzas es aún más crítica, ya que en dicho subsector de transporte los vehículos afectados rondan el 80%.

El Departamento de Mercancías del Comité Madrileño de Transporte por Carretera (CMTC), órgano consultivo del que forman parte las principales asociaciones del sector del transporte madrileño por carretera, ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que de forma urgente se modifique el calendario de renovación de flotas de distribución urbana de mercancías (DUM) previsto en la vigente Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS).

Esta Ordenanza prevé que, a partir del 1 de enero de 2023, es decir, a escasos tres meses, no puedan acceder al Distrito Centro los vehículos de transporte ligero con distintivo B (hasta 3,5 tns. de MMA) y los pesados sin distintivo (más de 3,5 tns. de MMA), lo que representan aproximadamente el 60 por ciento de la flota actual.

De aplicarse esta medida tan restrictiva acarreará problemas de abastecimiento en todo el centro de Madrid, debido a que el sector del transporte ha sido discriminado respecto al resto de comerciantes de la zona, ya que el Ayuntamiento los equiparó a los vecinos en cuanto al régimen de accesos en la última modificación de la Ordenanza. Sin embargo, el sector del transporte ha sido el gran olvidado pese a la actividad tan esencial que desarrolla y así ha demostrado durante la pandemia.

El Consistorio de Madrid sigue sin tener en cuenta que se trata de un sector económico que está atravesando por momentos de enorme dificultad económica por la fuerte subida de los precios de los combustibles, que provoca una imposibilidad inversora para renovar su flota, cifrada en 900 millones de euros para poder cumplir con el calendario establecido en la OMS. A ello se suman los importantes retrasos de los concesionarios de camiones y furgonetas en la entrega de los vehículos adquiridos, con plazos de espera que en algunos casos superan el año.

La situación del sector de las mudanzas resulta más crítica si cabe, con un 80 por ciento de vehículos afectados, pues estos vehículos realizan escasos kilómetros con recorridos muy cortos y estando estacionados la mayor parte de la jornada. Al ser un sector que precisa de una autorización de ocupación de la vía pública, debería excepcionarse del régimen general.

Además, según los horarios de acceso al Distrito Centro que vienen establecidos para los vehículos de distribución de mercancías, la actividad de reparto obliga a ser realizada de forma irracional concentrada toda en horario de mañana, principalmente, cuando más desplazamientos realizan los ciudadanos, con el consiguiente aumento de atascos y saturación de las plazas reservadas para carga y descarga. Por ello, también se solicita a la Administración que estos horarios sean más escalonados y se permita el reparto por la tarde ya que actualmente no lo tienen permitido.

Conviene recordar que el actual equipo de Gobierno municipal se mostró muy crítico con la regulación de Madrid Central que planteó en 2018 la anterior alcaldesa, Manuela Carmena.

Pues bien, respecto al transporte de mercancías la regulación ha quedado prácticamente igual, y ello a pesar de los diferentes acontecimientos ocurridos desde entonces y que afectan de una manera muy negativa a la capacidad inversora de los autónomos y las pymes del sector del transporte.

Una prueba más del agravio y acoso a la actividad de reparto y distribución de mercancías es la indiscriminada actuación sancionadora que están sufriendo los transportistas diariamente que circulan por la Plaza Elíptica y alrededores por parte del Ayuntamiento de Madrid, imposibilitándoles la entrada y salida a la ciudad de Madrid por una de sus arterias principales, como lo es la A-42.

Desde el Comité Madrileño de Transporte se sigue abierto al diálogo y no pierde la esperanza en que se puedan implementar mejoras y avances que logren que el sector del transporte de mercancías por carretera pueda seguir prestando su servicio púbico a la ciudadanía.