Desde que el pasado mes de Octubre se aprobó por Ley el nuevo régimen sancionador de lucha contra la morosidad en el sector del transporte por carretera, sancionando los incumplimientos en materia de plazos de pago en el sector del transporte de mercancías por carretera con multas de hasta 6.000 euros, que podrán alcanzar los 30.000 euros para aquellas situaciones reincidentes más abusivas, a lo largo de estos meses se ha ido notando una evolución positiva de los plazos máximos de pago a los transportistas por parte de sus clientes, que se ha visto consolidada con una fuerte reducción de los plazos medios de pago en el mes de Agosto, aunque dicha tendencia positiva debe tratarse con cautela al encontramos al producirse en periodo estival en el que tradicionalmente los datos extraídos no se ajustan a la evolución delr esto de año.

Así, es significativa la fuerte reducción en los plazos medios de pago, bajando hasta los 64 días de media, frente a los 75 días del mes anterior, y por tanto muy cerca del plazo legal máximo de pago, como ha constatado el último Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera, que FENADISMER continúa elaborando mensualmente en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte.

Ello se traduce en una importante reducción asimismo en el número de empresas cargadoras e intermediarios que incumplen la legislación sobre morosidad, pasando a ser del 48% el porcentaje de empresas cargadores e intermediarios incumplidores, de los que un 36% lo hicieron a más de 90 días e incluso un 17 % a más de 120 días, esto es, a 6 meses. En cuanto a los medios de pago que son utilizados más habitualmente para el pago de los servicios de transporte, continúan siendo por este orden la trasferencia (71%), seguido del confirming (23%), el pagaré (5%) y el cheque (<1%).

Pese a esta mejora, que se espera que no sea coyuntural, se hace necesario continuar la actuación activa por parte de los servicios de inspección para conseguir el pleno cumplimiento y aplicación de la legislación sobre morosidad en el sector del transporte por carretera, ya que si bien se ha podido constatar desde su aprobación una importante reducción aún subsiste un grado significativo de incumplimiento.