Atendiendo al artículo 54 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, la APV, presidida entonces por Rafael Del Moral, procedió a elaborar un Plan Director, que recibió el visto bueno de Puertos del Estado y, por tanto, del Ministerio de Fomento, tal como explica Manuel Guerra, adjunto a la Presidencia de la Autoridad Portuaria de València. En ese momento Valenciaport empezó a trabajar en el estudio de impacto ambiental que tendrían las obras de ampliación del puerto y, tras los correspondientes períodos de alegaciones, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aprobó en 2007 la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto que, entre otras cosas, obligaba a la Autoridad Portuaria a realizar un seguimiento de las playas del norte y del sur durante el período de construcción y otros cinco años después de cerrar el dique.

“Desde la APV propusimos este plan de seguimiento a la Dirección General de Costas y encargamos a la Universidad Politécnica de Valencia el plan, que terminó demostrando que el comportamiento de las playas no sufría debido a la obra ninguna variación”, apunta Guerra.

Las obras de cerramiento del dique finalizaron en 2012 y fueron inauguradas por la ministra de Fomento, Ana Pastor, pero, debido a la reciente crisis, no parecía el momento más adecuado para sacar al mercado el proyecto de la nueva terminal ni buscar inversores: “Teníamos las obras acabadas pero tuvimos que esperar para buscar inversión y proceder a licitar la nueva terminal”. Cuando llegó el momento de licitar el proyecto, Valenciaport encargó a una compañía holandesa la elaboración de un sondeo de mercado que determinó la necesidad de reconducir el planteamiento de la nueva terminal. “En lugar de un muelle a la derecha de 1.250 metros y una segunda fase de ampliación del muelle del este, el sondeo indicaba que, de acuerdo a las tendencias del mercado, era más apropiada una sola línea de atraque de 2.200 metros”, continúa Manuel Guerra.

Manuel Guerra

Sin embargo, y a pesar de la modificación de este planteamiento inicial, “la obra no necesita Declaración de Impacto Ambiental puesto que la Ley de Evaluación Ambiental tiene previstas posibles modificaciones en proyectos que ya tienen una DIA siempre que se cumplan una serie de condiciones que en este caso se cumplen, así que decidimos seguir adelante con el proyecto”.

Licitación
Así, se sacó a licitación el concurso de la terminal y apareció TIL como empresa interesada. “Se han hecho los proyectos y los informes correspondientes y Puertos del Estado ha corroborado que cumplimos las condiciones para no necesitar una nueva DIA”, prosigue Manuel Guerra.

Ahora el último trámite está en la Dirección General de Costas, que ha de certificar que el proyecto es compatible con el informe de compatibilidad con la estrategia marina.

“Estamos a la espera de ese informe y cuando llegue habrá que trasladar el proyecto con su plan de inversiones, al Consejo de Ministros y saldrán a licitación las obras. Creo que la nueva terminal saldrá adelante”, añade Manuel Guerra.