Un nuevo informe de la EU IUU Fishing Coalition1 explica que la Unión Europea ha solucionado las lagunas que anteriormente permitían a sus buques pesqueros cambiar su bandera para evadir la legislación pesquera. El estudio evalúa la eficacia del Reglamento sobre la Gestión Sostenible de las Flotas Pesqueras Exteriores (Reglamento SMEFF, por sus siglas en inglés) - una ley adoptada en 2018 para controlar los buques de la UE que pescan en aguas no europeas. Si bien estos resultados son positivos, el análisis también revela que las laxas legislaciones y controles pesqueros en países terceros son explotados por ciudadanos europeos que obtienen beneficios de capturas ilegales.

"El Reglamento SMEFF ha disuadido el cambio abusivo de bandera de los buques pesqueros que entran y salen de la Unión Europea. Sin embargo, para impedir que los beneficios de la pesca ilegal accedan a la UE, se debe hacer pública la información sobre los propietarios de los buques pesqueros. Impedir el re-abanderamiento abusivo es solo la superficie del problema de los nacionales europeos que se benefician de la pesca ilegal o de la normativa pesquera laxa en otros lugares. Ocultar información como la propiedad de la embarcación permite que estas prácticas continúen, perjudica a los pescadores legales y a las empresas, y socava la política de tolerancia cero de la UE con respecto a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR)", afirma Vanya Vulperhorst, directora de la campaña de pesca ilegal y transparencia de Oceana en Europa.

El ‘re-abanderamiento’ es el proceso por el cual un buque cambia la bandera bajo la que navega de un país a otro. Aunque esta práctica es legal, hay varios casos en los que puede ser problemática. Por ejemplo, cuando los propietarios de un pesquero intentan eludir las leyes o controles cambiando la bandera de forma oportunista a la de un país con una regulación menos estricta.

Los países de fuera de la UE que no atajen la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) pueden recibir una advertencia de sanción comercial por parte de la UE. El estudio concluye que a los buques que han pescado con bandera de estos países ya no se les permite el acceso a la flota europea y por lo tanto, sus propietarios no tienen acceso a subvenciones comunitarias por pescar en aguas fuera a la Unión.

Sin embargo, el pescado y marisco capturado por buques que faenan en países que no luchan contra la pesca INDNR podría seguir llegando al mercado europeo, o los beneficios de dichas actividades podrían acabar en los bolsillos de empresas europeas. En otras palabras, es probable que los ciudadanos de la UE se beneficien, sin ser sancionados, de la falta de control en países terceros.

La actual falta de transparencia respecto a los "beneficiarios efectivos" -quién se lleva en última instancia los beneficios- dentro de la industria pesquera mundial dificulta el progreso en la lucha contra la pesca INDNR, ya que impide a las autoridades determinar los propietarios de los buques que pescan de forma ilegal. Aunque estos propietarios radicados en la UE estén en otros puntos del mundo, pueden obtener los beneficios de los barcos que operan ilegalmente o bajo normas poco estrictas y sin supervisión, lo que supone una grave amenaza para la gestión sostenible del océano.

Con estas conclusiones, la EU IUU Fishing Coalition pide a la UE que haga pública la información sobre quiénes son los verdaderos propietarios de los buques pesqueros (es decir, el beneficiario efectivo). Esta información debería ser accesible cuando exista un interés superior, como en los casos de posible o probada implicación en operaciones de pesca INDNR, corrupción o blanqueo de capitales. Así, se evitaría que las empresas comunitarias se beneficiaran de las normas y controles pesqueros poco estrictos o de posibles operaciones ilegales.