José María Torres, presidente de la Confederación, asegura en Palma que “urge crear un método de valoración de la representatividad de las organizaciones y, demostrando nuestro peso, ser acreditados como organización participante en la mesa del diálogo social”.

En 2021, CONPYMES solicitó al Ministerio de Trabajo ser reconocido como agente social para, en palabras de José María Torres, su presidente, “solucionar la falta de representatividad real de pymes y autónomos en el diálogo social, una anomalía que, en la UE, se da un muy pocos países”. Hoy, en la sede de PIMEM y previa reunión con la presidenta del Govern, Francina Armengol, Torres ha insistido en lo que la Confederación considera un grave error a la hora de otorgar una justa representación de las pymes españolas en los órganos de debate y decisión del Estado.

Y es que CONPYMES mantiene que “la CEOE, a través de CEPYME, que se encuentra integrada a ella, no puede representar con voz propia a las pymes, el 99,8% del tejido productivo de España, dado que se encuentra subyugada a sus intereses, y muestra de ello es que no ha hecho posicionamiento alguno que difiera de los de la CEOE y, a su vez, no puede considerarse organización más representativa cuando forma parte de otra que ya lo es”.

CONPYMES, organización que agrupa a asociaciones de pymes y autónomos, así como a pequeñas y medianas empresas de toda España, presentó el pasado 21 de abril ante la Audiencia nacional un recurso contencioso administrativo ante la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo en relación con la petición formulada por CONPYMES de ser reconocida como agente social.

Ley de Crea y Crece
Sobre la reciente ley Crea y Crece, CONPYMES afirma que uno de los principales escollos a las actividades económicas deriva de los prolongados permisos de licencias y otros trámites exigidos por las diferentes administraciones que, en algunos casos, se puede demorar durante años. Para Torres “es necesario incluir este elemento clave de la facilitación de la actividad económica con un plazo máximo de 12 meses y si el silencio administrativo es positivo”.

La Confederación también destaca que la participación de las pymes en la contratación pública es aún muy limitada en España, ya que se encuentra por debajo del peso de nuestra economía y la media de la UE. “Resulta imprescindible salvaguardar la aplicación de medidas favorables a este colectivo de empresas por parte de las diferentes administraciones públicas y presupuestos”, según Torres.

CONPYMES, por boca de su presidente, también ha asegurado que, sobre los actuales plazos de pago, queda confirmado que la voluntad del legislador de reducir los plazos se ha visto frustrada por un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de dicha prohibición. “Establecer un régimen sancionador es el mecanismo más eficaz para reducir los plazos de pago y es fundamental que esta ley garantice que, el que no cumpla los plazos de pago, no tenga acceso a la contratación pública”, añade Torres.

Ley de la Segunda Oportunidad
CONPYMES asegura que esta medida contribuiría a la recuperación de la economía, estimulando el espíritu emprendedor, creando empleo y reduciendo el riesgo de exclusión social.

La Confederación asegura que esta ley permite a las personas insolventes volver a empezar y, por lo tanto, esta medida contribuiría a que los empresarios insolventes y sobreendeudados puedan disfrutar de la exoneración de las deudas en un periodo de tiempo razonable, reiniciando su actividad empresarial y haciendo posible una segunda oportunidad real como así lo han sugerido organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial.

Desde la Patronal consideran imprescindible que las deudas con la Seguridad Social y Hacienda no queden excluidas de la Ley de Segunda Oportunidad, ya que es la única posibilidad de que se haga efectivo el objetivo que persigue la ley de dar una nueva oportunidad a las personas que, por cualquier motivo, han llegado a una situación de endeudamiento excesivo.

CONPYMES defiende que se eliminen las medidas formales como la suspensión de requisitos para la presentación del concurso de acreedores, que lo único que consiguen es dilatar el proceso, e indica que es necesaria una reforma profunda en la que se regulen estructuras como la disminución de privilegios de los acreedores hipotecarios y de las administraciones públicas.

Para CONPYMES, la fórmula sería sencilla, ya que la Agencia Tributaria podría obtener capital para estas reformas reforzando la recaudación ejecutiva de los más de 15 000 millones de euros adeudados por morosos en ejecutiva de más de 600 000 €. En este caso, solo con se recuperara el 50% de esta deuda, se dispondría de unos 7 500 millones de euros para admitir la caída de privilegios del acreedor administración pública frente a pymes y autónomos en procesos de segunda oportunidad, y aprobar quitas del 50% de esta deuda privilegiada, siempre y cuando las pymes y autónomos aportaran un porcentaje de fresh capital en su petición de quita.