Como ya anunció FENADISMER, el pasado mes de Abril tanto la Diputación de Guipúzcoa como las Juntas Generales interpusieron sendos incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la nulidad de la primera norma que puso en marcha los peajes a camiones en las carretas guipuzcoanas.

Dichos recursos judiciales se plantearon “a la desesperada” con el objetivo de tratar de retrasar su paralización, bajo la excusa sistema de peajes establecido fue bendecido por la Comisión europea, y que por ello el Tribunal Supremo debería haber planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia europeo antes de pronunciarse, ya que la jurisprudencia europea invocada no sería de aplicación al caso, según ambos recurrentes.

Sin embargo, como ya anticipó FENADISMER, lo más probable es que el tribunal Supremo rechazara dichos recursos ya que una vez más ambas instituciones provinciales se olvidan de que la Comisión europea se limita a validar los aspectos técnicos de los peajes a aplicar, no entrando a valorar sobre las posibles situaciones discriminatorias que pudiera producir la medida, y que es lo que precisamente ha motivado la sentencia desfavorable a la legalidad de los peajes establecidos.

Es por eso que el Tribunal Supremo, en el Auto de fecha 9 de Junio pasado y que ha sido notificado este miércoles a las partes, desestima los dos recursos planteados al considerar que han aplicado de forma correcta la legislación europea “de forma tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable”, por lo que no procede plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia europea, al considerar que la jurisprudencia utilizada en las sentencias dictada tanto por el TSJ del País Vasco como por el propio Tribunal Supremo “es perfectamente extrapolable al caso de autos, en la medida en que, con objeto de evitar cualquier forma de distorsión de la competencia entre las empresas de transporte de los Estados miembros, la Directiva europea prohíbe, a la hora de aplicar derechos de uso y peajes, además de las discriminaciones basadas, directa o indirectamente, en la nacionalidad de los transportistas, las vinculadas con el origen o el destino del transporte”.

Por ello, el Tribunal Supremo concluye su Auto judicial señalando que no se ha producido en ningún momento “la denunciada vulneración de lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Constitución, puesto que no se ha infringido el derecho de las partes promotoras del incidente de nulidad, a un proceso público con todas las garantías”.