FENADISMER, en colaboración con un importante Fondo de Litigación internacional, ha promovido la puesta en marcha de la Plataforma de Afectados por las Petroleras, con el objetivo de demandar colectivamente contra las principales compañías petrolíferas que operan en España, por su actuación continuada, durante más de una década, de alteración de los precios finales de los carburantes que se venden en nuestro país, lo que se ha venido a llamar coloquialmente como el “Cártel de las Petroleras”.

La reclamación “multimillonaria” tiene su fundamento en las actuaciones de vigilancia llevadas a cabo por la Comisión Nacional de la Competencia durante los últimos años, dando lugar a una primera Resolución sancionadora en Julio de 2009 contra las tres principales petroleras que operan en España (Repsol, Cepsa y BP), que posteriormente fue confirmada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Durante los siguientes años, la CNMC a través de sucesivas Comisiones de Vigilancia constituidas al efecto han venido confirmando que dichas prácticas restrictivas de la competencia se han seguido produciendo hasta la actualidad.

En sus resoluciones, la CNMC ha constatado que las citadas operadoras han venido incurriendo todos estos años en prácticas y pactos colusorios mediante los cuales fijan un precio de venta del combustible en detrimento de las estaciones de servicios independientes y, por lo tanto, también en contra de los intereses de las empresas transportistas y otros colectivos afectados, al restringir la competencia entre las estaciones de su red y el resto de las estaciones de servicio no abanderadas.

Una prueba palpable de estas prácticas abusivas se sufrió durante los primeros meses de la pandemia en los que pese a la espectacular bajada del precio del petróleo a nivel internacional en más de un 60% apenas tuvo traslado en los precios de los carburantes que apenas cayeron un 10%, incrementando de forma escandalosa sus márgenes de comercialización, como ya hicieron en la crisis económica de 2008.

La consecuencia directa de este “cártel” es la posibilidad que se abre a los transportistas y otros grandes consumidores de gasóleo A de reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que les ha supuesto la compra del combustible durante todo este período por un precio superior al que debería haberse pagado de no existir tales pactos.

Por ello, la Plataforma de Afectados por las Petroleras, a la que se han sumado más de 50 organizaciones del sector del transporte por carretera a nivel nacional y regional, ha logrado generar un elevado interés en esta reclamación, y ya son miles de transportistas los que se han apuntado para reclamar el sobreprecio de los miles de millones de litros de combustible que han consumido durante los últimos 14 años.

Mediante su incorporación a la Plataforma de Afectados el transportista cede su reclamación a la misma sin coste alguno, y es la Plataforma la que se encarga de llevar a cabo todo el proceso, habiendo contratado para ello a un grupo de profesionales de primer nivel entre abogados, economistas y gestores de información con capacidad para el tratamiento masivo de datos.

La información suministrada por los transportistas inscritos en la Plataforma hasta la fecha está siendo clave, tanto por su volumen como por su diversidad geográfica y tipología de producto, lo que está permitiendo al equipo de peritos la utilización de millones de datos que han resultado claves para llevar a cabo el ejercicio econométrico que permite cuantificar el daño realmente sufrido con una elevada robustez.

La Plataforma de Afectados estima interponer su reclamación colectiva en los próximos meses, existiendo aún la posibilidad para aquellos transportistas interesados de incorporarse antes finales de este mes de Junio en cualesquiera de las asociaciones territoriales que integran la Plataforma de Afectados por las Petroleras.