La escalada en la factura de la luz en los últimos meses no cesa. En los últimos diez días, España ha sostenido tarifas eléctricas un 10% más caras que Alemania o Francia, y aún hoy un 18% más cara que en Reino Unido. Desde la Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES), recuerdan que este incremento no sólo lo soportan injustamente las familias en su consumo doméstico, sino que “el grueso del tejido productivo, como son las pymes y autónomos, lo cargan también sobre su espalda en este momento de crisis económica y gran incertidumbre”, por lo que vienen reclamado insistentemente al Gobierno, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a la Comisión Europea, más firmeza frente “a los abusos de las grandes eléctricas que funcionan como un auténtico oligopolio”. En todo caso CONPYMES aboga por introducir la mayor competencia posible con la participación de Pymes en la producción y distribución, ya que a su entender el mejor control de los oligopolios es la competencia y la formación justa de precios, lo que precisa un nuevo marco regulatorio, tanto a nivel nacional como europeo.

Precisamente hoy se ha conocido que la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha solicitado formalmente a la CNMC que refuerce su labor de vigilancia ante posibles irregularidades de las grandes eléctricas a partir de la entrada en vigor el pasado día 1 de junio del nuevo modelo tarifario. Para CONPYMES, es fundamental que esa fiscalización se vea redoblada pero, añade, también el Gobierno debe “abordar reformas estructurales en este mercado con un peso estratégico fundamental” porque el sistema actual “favorece la especulación acordada entre los grandes, falsea la libre competencia y lastra la competitividad de nuestra economía, porque para el tejido productivo se convierte en una carga insostenible precisamente ahora que debe allanarse el camino hacia la recuperación”. A lo largo de 2020, mientras según datos de la Seguridad Social 101.086 empresas con al menos un asalariado echaban el cierre, sólo dos de las grandes eléctricas ganaban más de 5.000 millones de euros aumentando sus beneficios un 36%.

CONPYMES aprecia “ligeros avances” en algunas medidas aprobadas por el Ejecutivo para terminar con los llamados “beneficios caídos del cielo” por la subida de los derechos de emisión de CO2 o el anuncio de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, pero señala que “de poco servirá si, por un lado, la apuesta por el autoconsumo no capilariza en las pymes y si, sobre todo, no se termina con el sistema de fijación de precios por subasta marginal, que impone el precio más alto del mercado a todos los consumidores”.

Hay que recordar que ya en 2016 y 2017 se descubrió que algunas de las grandes energéticas falsearon el aumento de la actividad de centrales de gas para encarecer los precios, y fueron sancionadas por la CNMC. Por tanto “toda alerta es poca, y el organismo supervisor debe actuar con diligencia y anticipándose todo lo posible”. En definitiva, sostiene CONPYMES, “urge extremar el control sobre las grandes eléctricas para evitar que incurran en irregularidades y reformar el mercado en profundidad”, terminando con la opacidad y la especulación pactada en la fijación de precios y preparándolo para “que el conjunto del tejido productivo, con el liderazgo de las pymes, pueda abordar la transición ecológica en materia energética en condiciones justas”.