Hace unos días FENADISMER se hizo eco del impactante reportaje de investigación, emitido en televisión lituana, sobre las prácticas abusivas a que se ven sometidos miles de conductores profesionales que trabajan para grandes empresas de transporte internacional de dicho país, lo que ha ocasionado un profundo impacto en la sociedad lituana y en diferentes ámbitos políticos, que ha trascendido más allá de sus fronteras.

En este sentido, la Eurodiputada española Izaskun Bilbao ha presentado una iniciativa parlamentaria dirigida a la Comisaría de Transportes, Adina Valean, instando a la Comisión Europea a que investigue y tome medidas contra el dumping que las principales empresas lituanas de transporte por carretera practican para competir en el mercado de la Unión.

La Eurodiputada basa su iniciativa en el Paquete de movilidad aprobado por el Parlamento Europeo, fundamental para que el sector del transporte por carretera aporte lo mejor que tiene, flexibilidad y capilaridad, a la logística europea. Debe competir gracias a esa virtud, a un proceso acelerado de digitalización, a su progresiva descarbonización y a la oferta de nuevos servicios y prestaciones basados en la innovación y la combinación eficiente con otros modos de transporte. Por ello, insta a que se expulse del mercado a quienes se obstinan en seguir compitiendo a base de precarizar el mercado, degradar sus condiciones de empleo y esclavizar a los profesionales. Según recoge en su iniciativa parlamentaria, el reportaje televisivo revela que compañías, que copan ya el 6% del mercado europeo, “practican un dumping social que debería avergonzar a las empresas que lo propician y las autoridades que lo consienten. Es, además, una vergüenza para el modelo social de la UE y un riesgo para la seguridad vial porque se obliga a los conductores a incumplir hasta los tiempos de descanso. En febrero entra en vigor el paquete de movilidad, pero hay prácticas y tipos de relación laboral que hay que cortar de inmediato”.

No es la primera vez que la Eurodiputada vasca plantea una iniciativa de este tipo. Antes de aprobarse el Paquete de movilidad denunció que el primer problema que debía combatir esta legislación era el dumping social que conduce al subempleo y degrada las condiciones de trabajo de todos, como por ejemplo los miles de camioneros filipinos con infra-contratos contratados por empresas buzón suecas en Lituania, prestando servicio en las carreteras de la Unión. En su respuesta la Comisión Europea aludía a la responsabilidad de los Estados miembros en el control de estas infracciones y mostraba su optimismo por el efecto que tendría el Paquete de movilidad en la eliminación de este tipo de prácticas.

En esta ocasión, en el reportaje de la televisión lituana explica como miles de personas en precarias condiciones, residentes en antiguas repúblicas soviéticas con bajos niveles de renta, acuden a las ofertas que las empresas lituanas publican en Internet seducidos por condiciones de empleo que prometen salarios que rondan los 2000 euros. Una vez formados los contratos comienza el rosario de prácticas irregulares que recortan ese salario hasta en dos terceras partes. Alguna de ellas consiste, por ejemplo, en constituir un depósito mensual que se detrae del salario para atender daños producidos en el camino por accidentes, cuando los vehículos deben tener legalmente un seguro. Teóricamente si no hay accidentes ese “deposito” retorna al conductor, pero algunos de los entrevistados afirman que no conocen ningún caso en que se haya producido esa devolución.

Asimismo en su iniciativa parlamentaria, Izaskun Bilbao, se hace eco del dramático relato que hacen un grupo de ocho conductores en el referido reportaje sobre sus condiciones de vida, hacinados en una pequeña habitación de apenas 15 metros cuadrados en la que duermen en literas. Así explican como las empresas les sancionan con nuevos descuentos del salario por no respetar las rutas que les asignan las empresas que sistemáticamente evitan las autopistas de peaje, discurren a veces por carreteras que no admiten vehículos de gran tonelaje o por cascos urbanos de pequeños pueblos y ciudades, derivando las sanciones por las infracciones cometidas en estos recorridos a los propios conductores, los cuales se arriesgan además a perder su carnet y la posibilidad de seguir conduciendo.

Igualmente, otros conductores describen los recorridos que se ven obligados a realizar en furgonetas en las que pasan en ocasiones hasta cinco días, cuando son sustituidos por otros compañeros en diversos puntos de Europa. Las compañías les obligan a pagar por esos desplazamientos, deben pagarse las comidas durante esos viajes, que tienen que ver con su actividad laboral, y son obligados a volver a conducir sin respetar los tiempos de descanso fijados por las normas europeas, lo que supone un riesgo para los propios conductores perjudicando gravemente la seguridad vial.