Hemos venido explicando hasta la saciedad, desde la Fundación Pro-AVE, el carácter vital del Corredor Mediterráneo para la economía y la sociedad española, así como la gran oportunidad que hoy se presenta no sólo para hacer de él un motor fundamental de crecimiento, creación de empleo y desarrollo sostenible, tan necesarios para superar los problemas económicos generados por la pandemia y avanzar en la lucha contra el cambio climático, sino también de contar con la financiación necesaria para llevarlo a cabo al cumplir todos los requisitos del Plan de Reconstrucción Europeo.

La sociedad civil del Arco Mediterráneo lo ha reivindicado con todas sus fuerzas, y con muy buenas razones, y ha exigido a los políticos de todos los partidos que se comprometan, se coordinen y cooperen con las organizaciones sociales para que el Corredor Mediterráneo sea una realidad en funcionamiento en 2023. Porque no sólo es necesario en la actual situación creada por la pandemia, sino posible y fundamental para el desarrollo futuro del país.

Pero he aquí que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha declarado en la ciudad de Almería dos hechos de trascendental importancia para el desarrollo del Corredor Mediterráneo. Por un lado, que se retrasa la llegada de la alta velocidad a esta ciudad, prevista para 2023, a 2025-2026, por otro, que no se empezarán las obras desde Almería a Granada hasta que la línea de Murcia a Almería no esté finalizada.

En una situación como la actual, cuando el país necesita un gran motor económico como lo es el Corredor Mediterráneo, con un importante efecto arrastre sobre múltiples actividades productivas y grandes generadoras de empleo, con un fuerte impacto sobre la competitividad y capacidad exportadora del país y un sensible efecto sobre el desarrollo sostenible de España y Europa, resulta sorprendente que el ministro responsable de Infraestructuras del gobierno de España y buen conocedor del papel estratégico del Corredor, anuncie estas decisiones políticas sin ruborizarse.

El retraso no tiene sentido en este momento, ni es aceptable que tenga que esperar el inicio de la construcción de la línea Almería-Granada a la finalización del trayecto Murcia-Almería. En el momento actual no hay motivos técnicos ni económicos que impidan que la alta velocidad propiamente dicha llegue a Almería en 2023, ni que se simultaneen las obras de las dos líneas.

Sólo la ausencia de voluntad política puede explicarlo.

Almería y Granada y sus áreas de influencia son, en primer lugar, las grandes damnificadas de la inconsistencia, incoherencia y falta de visión de presente y futuro del gobierno de la nación. Pero igualmente lo es todo el Arco Mediterráneo Español, puesto que el proyecto del Corredor Mediterráneo no sólo tiene una misión transformadora de nuestro país, sino también integradora, tanto en lo económico como en lo social, de toda un área que comparte problemas, necesidades y oportunidades comunes.

Un retraso tan considerable en la ejecución del Corredor no sólo tendrá un gran coste para la economía nacional y el desarrollo sostenible del Arco Mediterráneo, España y Europa, sino que imposibilitará un uso eficiente de los fondos del Plan de Reconstrucción Europeo que tanto se ajustan a este proyecto.

Es el momento de que el gobierno de España demuestre su visión de futuro y compromiso con el desarrollo económico, social y ecológico del país, rectificando y ejecutando el Corredor Mediterráneo en los plazos comprometidos, esto es, que en 2023 exista ancho internacional desde Almería a la frontera francesa y que en 2025 la conexión sea completa desde Algeciras a la frontera francesa.