Ya han pasado más de tres años desde que el fabricante europeo de camiones Scania interpusiera el recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la sanción impuesta a dicha marca en 2017 por la Comisión Europea por importe de 880 millones de euros, sin que hasta la fecha el Alto Tribunal europeo haya áun dictado sentencia, cuya vista se celebró en junio del pasado año 2020.

Cabe recordar que dicha sanción fue la de mayor importe económico que la Comisión Europea impuso a las marcas participantes en el cártel europeo, superando a las multas impuestas a cada uno de los cinco restantes fabricantes europeos participantes en el cártel (Daf, Daimler-Mercedes, Iveco, Man y Renault-Volvo), todas ellas motivadas por haber quedado probado que, durante más de 14 años, desde 1997 hasta 2011, concertaron la fijación en los precios de venta de dichos vehículos en perjuicio de sus clientes, fundamentalmente transportistas, y retrasaron deliberadamente la introducción en el mercado de nuevas tecnologías para reducir las emisiones de sus vehículos, lo que conllevó una multa record por un importe total cercano a los 4.000 millones de euros entre todas las marcas. En el caso de Scania, pese a formar parte del referido cártel, al no haber admitido su participación en los hechos denunciados, a diferencia de las restantes marcas, la Comisión Europea se vio obligada a tramitar un expediente sancionador diferenciado, habiendo quedado acreditado su participación en la "coordinación" de los precios a nivel europeo y el retraso intencionado en la introducción de tecnologías medioambientales más eficientes.

Por ello, una vez sea dictada la sentencia, sólo en el caso de que fuera desestimatoria al recurso planteado por Scania, se abriría la vía judicial para que los afectados titulares de un vehículo de dicha marca, o de cualesquiera de los otros cinco fabricantes participantes en el cartel de camiones que aún no lo hubieran hecho, podrían interponer las correspondientes reclamaciones por los perjuicios ocasionados, debido a la responsabilidad solidaria por la actuación conjunta de los fabricantes en la concertación de los sobreprecios aplicados en la venta de camiones en toda Europa durante el período que duró el cartel, lo que afectó a unos 10 millones de camiones, de los que aproximadamente 200.000 correspondieron a camiones adquiridos en España.