Una de las asignaturas pendientes en materia de contratación mercantil es la necesidad de aprobar un régimen sancionador que sancione los incumplimientos en materia de plazos de pago que de forma habitual se producen en el ámbito comercial, especialmente por parte de las grandes empresas, que imponen condiciones abusivas a sus proveedores con absoluta impunidad, basando de este modo su rentabilidad no en su actividad productiva, sino en la actividad financiera que generan a costa de los autónomos y pymes que trabajan para estas grandes grupos empresariales.

Cabe recordar que tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, se estableció un plazo “normalizado” de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, prohibiendo en todo caso que el plazo de pago máximo superara los 60 días. Sin embargo, en la práctica la falta de un régimen sancionador que penalice la falta de pago en dichos plazos, ha supuesto en la práctica un incumplimiento generalizado de dicha ley. Así, en el sector del transporte por carretera, conforme a los datos extraídos del Observatorio de la Morosidad que mensualmente elabora FENADISMER, en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, se evidencia que en torno a un 65% de los clientes de los transportistas incumplen de forma reiterada la ley de morosidad, situándose el plazo medio de pago en 2020 en más de 80 días de media, habiéndose producido un importante incremento tras la crisis sanitaria.

En este sentido, en base al compromiso asumido con las asociaciones de transportistas el pasado mes de Julio, el Ministerio de Transportes se comprometió a impulsar la aprobación de un régimen sancionador de lucha contra la morosidad específico del sector del transporte por carretera, cuya tramitación inició el mes de Septiembre, por vía de urgencia, auqnue en la práctica ha tardado más de 5 meses en redactar el proyecto de ley que este martes 9 de Febrero ha aprobado en Consejo de Ministros para iniciar su tramitación y aprobación final en el Parlamento.

Aunque FENADISMER valora muy positivamente dicho proyecto, muestra su preocupación porque durante tramitación parlamentaria se pueda ver afectado por el otro proyecto de ley se establecimiento de un régimen sancionador de lucha contra la morosidad para todos los sectores económicos, que se encuentra en la actualidad más avanzado, ya que fue impulsado en el propio Congreso de los Diputados dentro de los acuerdos adoptados el pasado mes de Junio en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica promovida para establecer medidas de reactivación del país tras la crisis ocasionada por la covid, dando de esta forma respuesta a una histórica reivindicación de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que forma parte FENADISMER en representación del sector del transporte, que en los últimos años ha vendio exigiendo el establecimiento de un código sancionador con el objetivo de proteger al pequeño empresario frente a la imposición y abusos de sus pagadores, principalmente las grandes empresas y las Administraciones Públicas.