La Comunidad Foral de Navarra, junto con las tres provincias vascas, tiene reconocida su capacidad competencial plena para legislar en materia tributaria en lo referente, entre otros, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aunque tradicionalmente su regulación ha ido pareja a la que se ha ido aprobando a nivel estatal, sin embargo y pese a que el gobierno central ha decidido mantener un año más el régimen de módulos, por el contrario el Gobierno navarro ha decidido suprimirlos totalmente para el próximo año 2021, con el objetivo en palabras de su Consejera autonómica de Economía y Hacienda de dar "un impulso a los trabajadores autónomos de Navarra".

Así, en el proyecto de la Ley General de Presupuestos de Navarra para 2021 se prevé la eliminación de dicho régimen de tributación y su sustitución por un nuevo régimen de estimación directa denominado especial, ya que prevé una deducción a aplicar sobre el rendimiento neto final, pero limitando a su vez los gastos con derecho a ser incluidos, no permitiendo descontarse el importe de las amortizaciones, ni las operaciones de leasing o renting, entre otros.

Dicha propuesta ha sido objeto de rechazo absoluto por parte de los sectores afectados, en especial de los colectivos de autónomos de la agricultura, la ganadería, la hostelería, el turismo y el transporte, cuyas asociaciones representativas han establecido un frente común solicitando una reformulación de dicha propuesta por los perjuicios que puede ocasionar a la economía de dichos colectivos.

Así en un escrito conjunto suscrito por la asociación navarra de transportistas TRADISNA, federada en FENADISMER, junto con las asociaciones UAGN, AENH; ANAPEH y ANET han demandado al Gobierno foral un período de adaptación para facilitar a los sectores económicos más afectados del tiempo necesario y prudencial que permita habituarse a los cambios que en la gestión contable implica esta nueva tributación, así como flexibilizar la entrada en vigor de la norma con criterios de prudencia, efectividad y consenso sectorial.

En concreto, el escrito denuncia que si bien "dichas medidas se planteaban como una apuesta por el relanzamiento económico estos momentos de crisis por la covid-19, sin embargo, implican, en numerosos ejemplos estudiados, un incremento de la presión fiscal generalizado y por tanto no constituye una herramienta para salir fortalecidos de esta crisis, sino todo lo contrario", manifiestan las organizaciones. "Así mismo, la aplicación de este nuevo sistema de tributación obligará a una mayor carga administrativa y de trabajo al autónomo empresario en su gestión del negocio y en caso de que decida externalizar la gestión de la contabilidad, un mayor coste económico. Esta circunstancia afectará especialmente a los pequeños negocios, precisamente los más vulnerables", continúan

Desde las organizaciones entienden, por tanto, que no se ha realizado la transición en base a un procedimiento participativo, sino que se ha presentado un proyecto de Ley incluyendo la medida de eliminación del sistema de módulos por un sistema de estimación directa simplificada especial sin explicar a los distintos sectores como se ha gestado el mismo y las fuentes utilizadas para la determinación del rendimiento previo y del porcentaje de gastos de difícil justificación. Dicho cambio no ha sido consensuado con las organizaciones profesionales firmantes, ni se ha establecido un diálogo transparente donde se hayan aportado las fichas técnicas y estimaciones económicas que evalúen el impacto de estas nuevas medidas a nivel
recaudatorio y de presión fiscal para las familias.

Asimismo, las organizaciones firmantes manifiestan su total oposición a que se considere al régimen de estimación objetiva como objeto de la lucha antifraude, habida cuenta de la historia fiscal de este sistema que ha permitido poder garantizar la recaudación y facilitar la misma en todo el territorio y en sectores concretos que por su actividad hubieran tenido dificultades con sistemas más complejos.