De poco han servido las recomendaciones que el pasado 13 de Octubre acordó el Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre la necesidad de establecer un enfoque coordinado de las restricciones a la libre circulación en respuesta a la pandemia de covid-19, que incluyera información previa entre los Estados miembros así como al público antes de adoptar cualquier medida restrictiva, y la exención de cualquier medida de cuarentena sanitaria a determinadas categorías de personas, entre otras, los trabajadores del transporte o proveedores de servicios de transporte, incluidos los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías con origen o destino en dicho territorio, así como los que se encuentran en tránsito.

La realidad se impone y cada día nuevos Estados miembros imponen nuevas cargas burocráticas a las empresas transportistas para poder transitar por sus territorios. Tal fue el caso la semana pasada de Francia, Bélgica e Italia en relación a la circulación por sus áreas sometidas a toque de queda, o la restricción establecida esta semana en Alemania por el Gobierno regional de Baviera obligando a someter a pruebas covid, o el reciente toque de queda aprobado por el Gobierno griego exigiendo llevar una Declaración de desplazamiento para poder realizar la actividad del transporte.

A esta nueva ola de “exigencias burocráticas” por parte de los Estados miembros se ha sumado en el día de ayer el Gobierno portugués, que ha acordado establecer un confinamiento perimetral desde este viernes 30 hasta el próximo martes 3 de Noviembre, exigiendo que los transportistas que quieran circular durante esas fechas lleven a bordo un Certificado de Desplazamiento.

FENADISMER rechaza una vez más la actuación que en esta segunda ola de la pandemia están llevando a cabo los Estados miembros, de forma absolutamente coordinada y unilateral, añadiendo burocracia innecesaria a la actividad que desarrollan las empresas de transporte de mercancía, repitiendo los mismos errores que caracterizó la actuación de los países con la pasividad de la Unión Europea durante la primera ola, y que amenaza con ocasionar un nuevo caos en la actividad tan esencial que desarrolla el sector del transporte de mercancías por carretera.