Durante los últimos meses estamos viviendo tiempos inciertos, en los que casi cada actividad humana que imaginemos se ha visto trastocada. La pandemia nos ha obligado a repensar, incluso, lo más cotidiano de nuestras vidas. Después del confinamiento y las primeras fases de vuelta a la ‘normalidad’ estamos redefiniendo nuestra cotidianidad y, en ella, el transporte, al ser una actividad intermedia necesaria para que podamos llevar a cabo casi todas las demás actividades de nuestro día a día, es una de las que más han sufrido.

A pesar de haberse demostrado un sector esencial durante estos meses para garantizar la movilidad de los trabajadores esenciales, se han difundido una serie de mitos que han extendido el miedo al contagio en el transporte público y han provocado una lenta recuperación de la demanda, tras la caída sin precedentes durante el confinamiento. Estas alertas se basan en dos estudios que han sido rápida y rotundamente contestados. Sin embargo, el daño reputacional ya estaba hecho y ahora resulta realmente difícil cambiar la opinión de los ciudadanos no informados.

La injustificada estigmatización del transporte público
Aunque aún quedan muchas dudas en torno a las vías de transmisión del virus y no conviene hacer juicios apresurados, las últimas evidencias apuntan a la vía de transmisión aérea, para la cual el método más eficaz de prevención es el uso de la mascarilla y garantizar una ventilación adecuada.

A pesar de la estigmatización injustificada del transporte público, las partes interesadas del sector están comprometidas con recuperar la confianza y tranquilizar a los pasajeros. Así, desde el inicio de la crisis, las autoridades y operadores de transporte público han estado trabajando para garantizar la seguridad del mismo: adaptando la oferta de transporte, escalando y reforzando los procedimientos de limpieza y desinfección de vehículos y estaciones, proporcionando equipos de protección de personal a su personal e incluso a los pasajeros, instalando dispensadores hidroalcohólicos en las estaciones, asegurando que los viajeros usen su máscara de manera eficiente, aumentando el nivel de ventilación natural y renovación del aire, acelerando la digitalización de sus operaciones y el despliegue de herramientas informáticas para monitorear mejor el número de viajeros y proporcionar información horaria sobre ocupación para evitar vehículos abarrotados, proporcionando facilidades de pago sin contacto y proporcionando una comunicación transparente hacia el público y su personal. Gracias a estas medidas, los estudios llevados a cabo en Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Austria y Francia apuntan a un riesgo de contagio que parece situarse entre el 1% y el 0,005%, una probabilidad incluso inferior a la probabilidad de morir en un accidente de tráfico. Por supuesto, el riesgo es menor a medida que se cumplen las medidas de precaución e higiene citadas. Todo parece apuntar, por tanto, a que los mitos generados en torno al contagio en el transporte público no eran más que creencias infundadas que deben ser desmontadas.

Aunque todas estas medidas han tenido como resultado un alto aumento de sus costes, las autoridades y operadores de transporte público y las autoridades han demostrado su rápida adaptabilidad y, sobre todo, un sentido de responsabilidad y fuerte compromiso hacia su personal y sus usuarios. Dada la reanudación progresiva de la oferta de transporte público es, por tanto, imperativo intervenir con medidas de apoyo financiero excepcionales o el sistema colapsará.

Es importante también evitar caer en el alarmismo, comunicando las evidencias científicas para restablecer la confianza de la ciudadanía en el sector del transporte público. Las autoridades y los operadores de transporte público deben reforzar su interacción con los medios de comunicación para explicar las adaptaciones del sector.

El transporte público, columna vertebral de la movilidad urbana
Las evidencias científicas apuntan, además, a que la contaminación del aire es una de las principales causas de mortalidad y un factor de riesgo importante para las enfermedades respiratorias y cardiovasculares agudas, entre las que se encuentra la COVID-19. Por tanto, el abandono del transporte público y el desequilibrio del reparto modal a favor del coche particular suponen un riesgo evidente al que no deberíamos exponernos como sociedad.
Este impacto va, sin duda, mucho más allá de las cuestiones relacionadas con la calidad del aire y la salud. Teniendo en cuenta que, en las grandes ciudades españolas, el transporte público supone aproximadamente la mitad de los viajes mecanizados, su descenso y el ascenso del uso del coche estaría asociado a una mayor congestión, un mayor ruido, una mayor ocupación de espacio público (y, por ello, una menor calidad del espacio dedicado a otros usos), un mayor impacto sobre el cambio climático, una mayor accidentabilidad y, no nos olvidemos, una mayor inequidad, que nos alejaría del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por estos motivos, el transporte público debe ser la columna vertebral de la movilidad urbana en todas las estrategias de recuperación de la crisis. Y, es que, no podemos poner en riesgo nuestra calidad de vida renunciando a los beneficios sociales, medioambientales y económicos del transporte público para la sociedad, sino que debemos reforzarlos. Los datos están ahí y confiamos en que los responsables políticos los utilicen con sabiduría.