Según estimaciones hechas por los propios cargadores, de la mano de AECOC, la medida de prohibir la carga y descarga significa favorecer una inversión de 2000 millones por parte de las empresas y operadores logísticos más solventes de nuestro país (no podemos olvidar que solo una de las empresas asociadas a AECOC declaró en 2019 beneficios netos por más de 600 millones de euros). Unos 2000 millones dirigidos al incremento de miles de puestos de trabajo con lo que, además del empleo, mejoraría la recaudación fiscal y de la Seguridad Social, sin coste alguno para las maltrechas arcas públicas después del esfuerzo que han tenido que asumir en la pasada crisis sanitaria. Todo ello, redundaría también en la mejora de la seguridad
y la salud laboral de uno de los colectivos más comprometidos durante la crisis sanitaria, los conductores, al eliminar una de las causas de la fatiga y en la capacidad de consumo de la ciudadanía y, por tanto, en una mejora de la economía nacional en tiempos tan difíciles.

Tendremos que agradecer a las empresas cargadoras y operadores logísticos su contribución solidaria y desinteresada al progreso nacional con la contratación de mozos de carga y descarga. Los empleos generados podrán ser especialmente dirigidos a jóvenes o mayores de 50 años, que son quienes más dificultades encuentran para acceder al mercado laboral.