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Transporte Terrestre
Fenadismer lamenta que el Gobierno opte “por una regulación descoordinada en la renovación de permisos”
La Federación asegura que se desoye el reglamento europeo sobre unificación de las prórrogas de los permisos y certificaciones caducados durante el confinamiento. “El Gobierno español ha optado por establecer su propia regulación nacional, convirtiendo su aplicación en un auténtico jeroglífico para los ciudadanos y las empresas”
La situación de emergencia sanitaria y confinamiento ha llevado a los diferentes Gobiernos europeos a la adopción de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de la actividad del transporte, ampliando los plazos de validez de permisos, certificados y autorizaciones caducados durante este período. "Con el fin de coordinar dichas regulaciones unilaterales, y aunque con bastante retraso, la Unión Europea finalmente aprobó el pasado 25 de mayo el Reglamento UE 2020/698 por el que se establecen medidas específicas y temporales relativas a la prórroga de los certificados, permisos, licencias y autorizaciones validez de manera armonizada en todos los Estados Miembros. De esta forma, se establecen plazos muy amplios con el objetivo de garantizar el libre desplazamiento por todos los países de la Unión Europea, sea cual fuera la regulación a nivel nacional que en su caso pudieran establecer para sus ciudadanos y empresas", afirma la entidad.
Tacógrafos
La normativa europea establece que los permisos y autorizaciones que caduquen entre el 1 de febrero y el próximo 31 de agosto prorrogan automáticamente su validez en toda la Unión Europea durante un período de hasta seis meses desde que se produjo su vencimiento, como es el caso de la revisión del aparato tacógrafos, la renovación de sus tarjetas, así como de las licencias comunitarias y las de conductores de terceros países; y de siete meses en el caso de los permisos de conducir, tarjetas CAP de conductor profesional y revisión de la ITV. “Desde el sector se confiaba en que el Gobierno español no estableciera reglas más estrictas que las previstas en el reglamento europeo. Sin embargo, ha optado por renunciar a dicha regulación armonizada y, por el contrario, ha preferido establecer su propia regulación nacional, totalmente descoordinada e incoherente por cada departamento ministerial. Ello está originando una importante inseguridad jurídica a todos los ciudadanos y empresas que deben renovar los permisos y autorizaciones caducados y que ahora se enfrentan a un jeroglífico de normas diferentes y con plazos dispares unas con otras”. |
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