La llegada del Partido Socialista (PSOE) al Gobierno central ha dado pie a que circulen todo tipo de rumores sobre la posibilidad de que se vuelva a modificar la actual Ley de Puertos, como se la denomina coloquialmente, que entró en vigor en su totalidad el 27 de febrero de este año.

Estos rumores o comentarios vienen dados por diferentes motivos. Por un lado, la Ley sólo fue aprobada por el Partido Popular, tanto en su tramitación en el Congreso como en el Senado, sin que se aceptaran las enmiendas presentadas por los diferentes partidos políticos, unas dirigidas a la totalidad del borrador, y otras parcialmente.

Y por otro, porque es una Ley que ha estado cuestionada por todas las partes afectadas.

Desde las propias Autoridades Portuarias, hasta los trabajadores, a través de los Sindicatos, pasando por las Asociaciones Empresariales, Prácticos, Durante su tramitación, como señal de protesta contra varios apartados del borrador, los sindicatos ya efectuaron algunas acciones de protesta convocando paros o huelgas parciales para obligar a los responsables de su contenido a negociar ciertos cambios en sus artículos. Algunos se llegaron a cambiar y otros permanecen tal y como estaban, a la espera del Reglamento que desarrolla la Ley, la que marca las pautas de actuación.

Estos días se ha publicado en la prensa que los actuales responsables de la gestión de los puertos, como el secretario general de Transportes, Fernando Palao, o el presidente de Puertos del Estados, Mariano Navas, ambos grandes conocedores del sistema portuario español, participaron en la modificación de la Ley de puertos aprobada en 1992 que equiparaba la capacidad de gestión de los puertos, hasta esta fecha divididos en Juntas de Puertos y Puertos Autónomos.

Esta Ley fue criticada por los responsables de los puertos que actuaban como autónomos por considerar que recortaban sus facultades de decisión, especialmente cuando se predicaba que la modificación de la Ley pretendía aplicar el sistema de gestión de estos puertos al resto del Sistema Portuario Español por los buenos resultados obtenidos durante su gestión como ente autónomo. Según esos comentarios, la Ley de 1993 igualaba a todos los puertos pero por el mínimo.

El descontento de puertos como Barcelona, Bilbao o Valencia, a los que había que añadir Huelva, que tenía el Estatuto de Autonomía desde 1968, mientras que a los otros tres se lo concedieron en 1978, provocó, con la llegada del Partido Popular al Gobierno y el apoyo de Convergencia y Unión, éste que se volviera a modificar la Ley en 1997. Este cambio se produjo principalmente por la presión de las Comunidades Autónomas que querían intervenir en la gestión de sus puertos.

La modificación de la Ley de 1997 responde a la nueva política europea de liberalización de los servicios portuarios y también a modificar la regularización de las tarifas portuarias, convirtiéndolas en tasas, con el fin de dar solvencia económica a los puertos. Ahora, el planteamiento es diferente, se pretende consensuar de nuevo las modificaciones incluidas, entre las que se encuentra la autoasistencia o el cambio de las sociedades de estiba en agrupaciones portuarias de interés económico, entre otros.

Las Sociedades Estatales de Estiba o Desestiba de los puertos iban a perder su concepto de públicas, saliendo de sus accionariado las Autoridades Portuarias que, hasta el 27 de febrero y durante un año, plazo otorgado para su reconversión en APIE, contaban con el 51% del capital social. Ahora se cuestiona que esta medida sea conveniente, ya que en caso de llevarse a cabo la Administración perdería su capacidad de intervenir en los puertos en caso de conflicto laboral.

Parece ser que la nueva Administración no tiene intención de ceder la explotación de los puertos a la parte privada, ya que debe prevalecer el interés general de los recintos portuarios, que con la Ley actual se perdería, ya que las Autoridades Portuarias se quedarían como recaudadoras de los cánones por concesiones administrativas y poco más.

Ahora habrá que esperar a ver cuáles son las nuevas directrices que emanan desde los nuevos responsables del Sistema Portuario para conocer con más detalle su política de gestión en los puertos.